Epidemia de malaria. Los cinco estados más afectados

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PREOCUPANTE SITUACIÓN DE OPOSITORES EN CUBA
3 de agosto 2016.

El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) alerta sobre la deteriorada salud de varios activistas cubanos que se han sometido a huelga de hambre a causa de la represión a los defensores de derechos humanos en la isla.

Posterior a una golpiza recibida (que aún presenta secuelas) y a la iniciativa de Carlos Amel Oliva, líder juvenil cubano de la Union Patriotica de Cuba (UNPACU), el 20 de julio el premio Sajarov, Guillermo Fariñas: se declaró en huelga hasta que el Gobierno de Cuba anuncie públicamente el cese a la represión bajo violencia física, allanamiento a viviendas o confiscación de propiedades, así como también pidió el cese a los abusos hacia los privados de libertad y los trabajadores privados.

A pesar de diversos intentos de disuasión que pretendían preservar las voces disidentes en Cuba, Fariñas ha afirmado mantener su decisión hasta las últimas consecuencias. Vale destacar que la salud de nuestro Guillermo ya está bastante deteriorada debido a la serie de huelgas anteriores y que cuenta con la solidaridad del Subcomité de Derechos humanos del Parlamento Europeo, del Departamento de Estado y del primer secretario de la Nunciatura Apostólica en Cuba.

A esta iniciativa también se han sumado y declarado en huelga cerca de 20 activistas, los cuales han pasado desapercibidos para el gobierno. Al someterse, aceptan los riesgos que conlleva su actividad de protesta y ya varios participantes han tenido que ser asistidos desde un hospital; dentro de los cuadros críticos que destacan están: Lázaro Curbelo Mejías, Laudelino Rodríguez Mendoza y Joel Acosta.

Por otro lado, las autoridades han detenido arbitrariamente el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo desde el 31 de julio tras su regreso de un viaje en el cual denunció la situación d trabajadores cubanos a la Conferencia Internacional de Trabajo. Hernández ya es conocido por su resistencia al régimen y pertenece al grupo de prisioneros de la Primavera Negra de 2003, rechazando el exilio como condición para ser excarcelado.

El Secretariado Permanente de la REDLAD, plataforma de más de 520 organizaciones que defienden la democracia y los derechos humanos, Miembro Oficial del Foro de Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Capítulo Regional del World Movement for Democracy (WMD):

· Denuncia el abuso de poder del régimen cubano, el cual se opone a toda apertura a un sistema democrático en el que se respete la integridad de los opositores.

· Insta el cumplimiento de los requerimientos que solicitan los huelguistas para que estos puedan levantar su protesta y resguardar su salud.

· Se solidariza con nuestro miembro y coordinador Guillermo Fariñas, así como con los demás huelguistas que luchan por la visibilizarían y cumplimiento de los derechos humanos en la isla.

· Rechaza el accionar de la policía cubana al golpear, privar de libertar y de toda comunicación a Iván Hernández Carrillo; y demanda su inmediata liberación.

Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (RedLad).

DESDE EL PUENTE

Oswaldo Álvarez Paz

EL MENSAJE DE LA IGLESIA

Algunos compatriotas, entre ellos amigos de toda la vida, me califican
de pesimista cuando conversamos sobre la situación actual. Les he
dicho que un pesimista serio de este tiempo, es en el fondo y en la
forma, un optimista realista. La enorme ilusión general provocada el
pasado 6D con la elección de la Asamblea Nacional se ha ido
desdibujando. Hoy está más obscuro el camino hacia el referéndum
revocatorio que entonces. Tampoco hay Ley de Amnistía, los presos
siguen presos y los exilados mantienen su condición, no se han
concretado las decisiones relativas al Tribunal Supremo ni al Consejo
Nacional Electoral y, en fin, la obscuridad reina con relación al
bendito diálogo y las andanzas abiertas, encubiertas y secretas de
algunos protagonistas siguen sin aclararse. Debo reconocer algunas
valientes decisiones de la AN, pero escapan a la posibilidad de
ejecutarlas.

Confieso mi desprecio por este tiempo venezolano. Tristeza por el país
y un profundo desprecio por el rostro baboso y acomodaticio de
políticos opositores que actúan por debajo de las expectativas
creadas. Todos estamos de acuerdo en que estamos mal y caminamos hacia
peor. Los esfuerzos para cambiar el rumbo lucen insuficientes y
demasiado tímidos.

Sin embargo, en medio de este panorama sombrío la voz de la Iglesia se
levanta una y otra vez para sacudir al país, para combatir la
incertidumbre nacional y levanta olas de esperanza. Se trata de
auténticas invitaciones a la lucha contra la dictadura. El último
documento, la Exhortación de la Conferencia Episcopal, no se agota en
diagnósticos ya súper conocidos. Traza líneas maestras para orientar a
la nación en el camino de la liberación. Con ese espíritu libertario
debemos asumir la responsabilidad que a cada uno le corresponde.

Invito a escuchar la voz de nuestros Pastores y a seguir sus
enseñanzas. Ojalá todos puedan tener la oportunidad de repasar el
Sermón de la Montaña, máxima inspiración de un mensaje que adquiere
cada día mayor vigencia entre nosotros.

Ningún “diálogo” garantiza la libertad y la vida en democracia. Hay
que despertar en cada individuo el espíritu de superación y
responsabilidad para adquirir más dignidad y espíritu de superación.
Así nadie podrá someterlo. Exijamos a los políticos que salgan de las
trampas existentes entre la cautela y la pasión abandonando esa lucha
permanente entre las maniobras hábiles y la avidez de poder.

El objetivo es el cambio radical de este régimen. Lo lograremos. Es un
pecado mortal que alguien, civil o militar, le sirva a este gobierno.
Recuerden algunos, no hay secretos eternos.

Lunes, 25 de julio de 2016

oalvarezpaz@gmail.com
@osalpaz
http://alvarezpaz.blogspot.com/

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DESDE EL PUENTE

Oswaldo Álvarez Paz

CLARIDAD Y TRANSPARENCIA

La mejor manera de combatir la creciente incertidumbre que reina en
la nación es exigiendo a la dirigencia democrática hablar con claridad
y actuar con transparencia. Esto no significa que deben revelarse
irresponsablemente planes o acciones tácticas que podrían fracasar por
causa de una retórica contraria al interés superior. Pero hay momentos
cruciales en los que el ciudadano común necesita estar informado y la
dirigencia necesita, en mayor grado, ser creíble por la veracidad de
sus declaraciones.

Hay cosas que no están del todo claras. Alrededor del famoso “diálogo”
y la posibilidad de que el revocatorio sea saboteado definitivamente
o, al menos, diferido hasta el año próximo, existe una peligrosa
desinformación. En una reciente declaración pública Henry Ramos afirmó
que no se iría al diálogo con los pantalones en las rodillas. ¿Por qué
lo diría? ¿Qué cosa le preocupa tanto hasta el punto de dar una
opinión de ese calibre? Es posible que perciba como las dudas se
apoderan de la gente con relación a las actitudes encubiertas de
algunos dirigentes de la MUD. Pueden existir otros factores, pero esas
dudas deben ser despejadas mediante la verdad de la situación.

Desde el sorpresivo encuentro en República Dominicana y las confusas y
hasta contradictorias declaraciones de algunos protagonistas de
aquella jornada, hasta el día de hoy, se ha construido una peligrosa
telaraña de explicaciones tanto del gobierno como de la oposición
representada en la MUD. Lejos de aclarar la obscuridad pareciera
extenderse. Hay cosas importantes que no sabemos. Entre otras, las
razones para sentarse a dialogar sin tener claro el destino del
referendo revocatorio, contrariando la línea política de prioridad que
de manera unánime se le ha dado al RR.

Confieso que me cuesta mucho escribir en la dirección que tienen estas
líneas, pero estoy obligado a hacerlo y a exigir respuestas a las
inquietudes señaladas. Me niego a aceptar que algunos puedan haber
caído en el diabólico juego de las componendas con el régimen o que
puedan estar siendo víctimas de chantajes protagonizados por el
oficialismo. Las especulaciones sobre estos temas andan por la libre
en todo el territorio nacional.

El objetivo superior tiene que ser el cambio de régimen empezando por
la destitución o revocatoria del mandato, del señor Nicolás Maduro. No
puede haber dudas con relación a este punto. El país está listo para
asumir las responsabilidades de la nueva etapa. Las soluciones existen
para resolver todos los graves problemas que atraviesa nuestro pueblo.
También existen las personas competentes para tal fin. “Vacilar es
perdernos”, dijo Bolívar.

Lunes, 11 de julio de 2016

oalvarezpaz@gmail.com

@osalpaz

http://alvarezpaz.blogspot.com/

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NUEVO ASESINATO A ACTIVISTA EN HONDURAS
9 de julio 2016.

El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) alerta sobre homicidio de Lesbia Yaneth Urquía Urquía en Honduras y señala el riesgo inminente a la vida e integridad de los defensores de DDHH en dicho país.

Lesbia Yaneth, líder ambientalista quien fue una activa militante en defensa de los bienes comunes de la naturaleza y los derechos indígenas, opositora a la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I en Honduras y compañera de Berta Cáceres en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH): fue encontrada sin vida cerca de un basurero en el municipio que residía durante la misma semana en que se estaba llevando un proceso consultivo amparado en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Dichas reuniones consultivas, se llevaron a cabo el 4 y 5 de junio en el municipio de Marcala.

Aunque la policía mantiene que la defensora de DDHH pudo haber muerto a manos de un asaltante, por una disputa familiar o a causa de extorsión de grupos organizados, el Copinh responsabiliza del asesinato al Gobierno de Honduras, a las fuerzas militares, policiales y a todas las instituciones gubernamentales, especialmente a las responsables de construcciones de proyectos hidroeléctricos en la Paz. Así mismo, el Consejo Cívico señala que el caso de Berta también quiso ser vinculado con causas de crimen común y que esta solo es la confirmación de que hay un plan en marcha para callar las voces de los defensores de DDHH.

El Secretariado Permanente de la REDLAD, plataforma de más de 520 organizaciones que defienden la democracia y los derechos humanos, Miembro Oficial del Foro de Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Capítulo Regional del World Movement for Democracy (WMD):

· Condena todo posible plan de represión y censura a la sociedad civil hondureña.

· Señala la pasividad del Estado Hondureño en la protección de defensores humanos.

· Urge a los Estados a que salvaguarden la vida y la integridad de todas y todos, así como garantizar el acceso a la investigación pertinente y al debido proceso para evitar que los casos queden en la impunidad.

· Demanda que se cumpla en su integridad derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas.

Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (RedLad).

Estimados amigos:

Audubon de Venezuela, miembro integrante de la Red ARA, se suma al rechazo del decreto de implementación del Arco Minero del Orinoco.

POR FAVOR DIVULGAR LO MÁS AMPLIAMENTE POSIBLE

La Red ARA rechaza el decreto que implementa el Arco Minero del Orinoco

La Red de Organizaciones Ambientales de Venezuela (Red ARA) se une a diferentes organizaciones y personalidades en el rechazo a la decisión del Ejecutivo Nacional de implementar el llamado Macroproyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO) el cual se plantea como una pretendida solución económica ante la caída de los precios del petróleo.

Esta decisión, más que colocarnos en la senda de un desarrollo sustentable, bajo los lineamientos del artículo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, profundiza el actual modelo rentista y extractivista; contradice los principios de seguridad de la Nación definidos en el artículo 326 de la misma Constitución; viola derechos humanos y ambientales, desconoce obligaciones establecidas en el texto constitucional; parece derogar de hecho normas legales vigentes de protección y control ambiental; así como pretende sea implementada desechando el conocimiento científico y las prácticas ambientales reconocidas internacionalmente y la necesidad urgente de disminuir el impacto de la acción humana sobre el ambiente.

Tanto la escala del proyecto, como su enfoque economicista resultan alarmantes: En particular en el mismo resaltan los siguientes aspectos:

  • Se está delimitando una zona a ser intervenida de cerca de 112 mil km2. Ésta representa casi 12% del territorio nacional, una superficie similar a países como Cuba o Guatemala. Asimismo se habla de la convocatoria a 150 empresas transnacionales, las cuáles, en la mayor parte de los casos, realizarían minería a cielo abierto. Jamás en la historia previa del país se había planteado esa escala de destrucción ambiental.
  • Se resalta la presencia en el AMO de recursos minerales altamente codiciados tales como: oro, diamante, coltán, hierro, bauxita y tierras raras. Pero a la vez, se oculta el hecho de que la región contiene riquezas mucho más valiosas para el país que estos minerales. Éstas incluyen una muy alta diversidad biológica, paisajes naturales únicos, la presencia del Complejo Hidroeléctrico del Bajo Caroní (productoras del 70% de la energía eléctrica nacional); así como diversas Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, incluyendo Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Refugios de Fauna Silvestre y Reservas Forestales.
  • Se resaltan las fabulosas ganancias que serían derivadas de la explotación de los minerales presentes. Pero no se hace mención de los enormes costos que tendrá para la Nación los daños socioambientales inherentes a este tipo de proyectos. Éstos pueden incluir la pérdida de especies y ecosistemas únicos; la contaminación del agua; la colmatación de los ríos; la destrucción de paisajes; el aumento del riesgo de catástrofes tecnológicas; la pérdida y contaminación de los suelos; la bioacumulación de contaminantes en la cadena trófica; la disminución de la calidad del aire; el aumento de enfermedades infecciosas; así como el deterioro derivado, tanto del desarrollo de servicios actualmente inexistentes en el área (vialidad, vivienda, salud, educación) como del posible crecimiento urbano no planificado en los alrededores de las zonas mineras, entre otros efectos.
  • Se intenta convencer al país sobre la supuesta base ecológica (Ecosocialista) que tendrían los proyectos mineros realizados en el AMO. Pero se oculta el hecho de que la experiencia global indica de manera innegable que no existe en ninguna parte del mundo ejemplos de una pretendida “minería ecológica” y mucho menos con las metodologías propuestas. Que por lo contrario la minería es y será una actividad ambientalmente destructiva y a largo plazo económicamente insustentable. Bajo esas premisas, los países responsables, buscan desarrollar proyectos mineros de bajo impacto, a escalas manejables, en territorios estrictamente delimitados por procesos profesionales de ordenación del territorio y bajo control riguroso, tanto gubernamental como social.
  • Aunque el decreto y sus proponentes hacen mención de que se respetarán los derechos de las comunidades indígenas presentes en el territorio afectado por el AMO, en contraste, diversas organizaciones indígenas han denunciado que estas comunidades no fueron consultadas. Por ello, este proyecto no cuenta con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas existentes en la zona, tal como lo exige la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. Ello es más preocupante, debido a que existen sólidas razones para afirmar que este proyecto vulnerará derechos humanos fundamentales, así como culturales, territoriales y de hábitat de los pueblos y comunidades tanto indígenas como criollas que habitan la región. Estas comunidades tienen el derecho a construirse un futuro más allá de convertirse en meros trabajadores asalariados de las empresas mineras y a la destrucción definitiva de sus territorios, sus hábitats y sus culturas.

Todo lo anterior, se magnifica debido a la extraordinaria opacidad y aparente improvisación con que se realizó este proyecto.

En tal sentido nos preocupa enormemente el desconocimiento del historial socio-ambiental de las empresas interesadas en obtener concesiones en el AMO. En los pocos casos donde se ha informado el nombre de alguna empresa, existen dudas sobre las responsabilidades que asumirán las mismas con la legislación y futuro del país.

Asimismo, es alarmante la incertidumbre sobre quiénes serán los garantes del cumplimiento de nuestra ya pisoteada legislación ambiental. Como fue denunciado previamente por la Red ARA, un precedente nefasto fue la eliminación del Ministerio del Ambiente en el año 2015 y la posterior creación de un Ministerio de Ecosocialismo y Aguas. El primero de ellos, creado en 1977, había acumulado una extenxperiencia en materia de metodologías y prácticas relacionadas con el control ambiental. Por su parte, el nuevo ministerio se crea sobre una base doctrinaria política y no técnica, a partir del cual no solo se desechó el legado de experiencias y conocimientos del Ministerio del Ambiente, sino que se ha producido un desmantelamiento sistemático del capital humano de esa institución a través de la persecución, hostigamiento y menoscabo de las condiciones de trabajo de los funcionarios que laboran en el mismo.

Más recientemente, en un nuevo y peligroso giro institucional, el Presidente de la República anunció la creación de un “Ministerio del Desarrollo Minero Ecológico”, que entre otras competencias tendría la de conceder las autorizaciones ambientales en el AMO. Resulta por lo menos asombroso pensar en un Ministerio dirigido a la promoción minera, controle de manera idónea y responsable el desempeño ambiental de las cientos de empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos mineros en toda el área incluida en el AMO. Esto último además, sin experiencia previa, ni estructura organizativa, funcional, ni operativa.

En función de lo anterior, la Red ARA considera que el AMO representa un peligro mayor para el ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos de la población, tanto en la región de Guayana como en todo el país, incluso con posibles repercusiones internacionales debido a la diseminación a gran escala de contaminantes. En tal sentido, consideramos que, si este proyecto es implementado, pudiera convertirse en el mayor ecocidio jamás perpetrado en el país y potencialmente en un etnocidio que destruiría los pueblos y culturas originarios presentes en la zona.

En contraste con el AMO, creemos que toda la cuenca del Orinoco contiene suficiente potencial biológico, socionatural y cultural que permitiría fácilmente plantear un “Arco de Desarrollo Sustentable del Orinoco”, donde la protección ambiental y de las comunidades indígenas se articule con diversas alternativas económicas sustentables, tales como la agroecología, el ecoturismo y el uso sustentable de los recursos biológicos locales, entre otras posibilidades. Ello sin dejar de lado los planes de vida de nuestros pueblos y comunidades originarias. Estas propuestas pueden resultar en un desarrollo productivo a largo plazo de las comunidades locales tanto indígenas como criollas.

Por estas razones, la Red ARA:

  • Exige al Ejecutivo Nacional derogar de manera inmediata el Decreto N° 2.248, publicado en Gaceta Oficial N° 40.855, de fecha 24 de febrero del 2016.
  • Exhorta a las autoridades nacionales y regionales a iniciar un diálogo efectivo, incluyente y democrático con todos los actores sociales en la Guayana venezolana, conducente a iniciar un programa de desarrollo regional basado en criterios de sustentabilidad, democracia, justicia social, participación protagónica y respeto por los derechos humanos.
  • Alerta a la comunidad internacional y en particular a las organizaciones ambientalistas en todo el mundo a activarse en el rechazo al proyecto del Arco Minero del Orinoco y en solicitar al Ejecutivo Nacional de Venezuela derogarlo de manera inmediata.
  • Propone a toda la ciudadanía y en particular a las organizaciones, movimientos ambientales, organizaciones de desarrollo social, de defensa de los Derechos Humanos, grupos de opinión, universidades, academias, y otras instituciones del país, a unir fuerzas en la defensa de los derechos ambientales de Venezuela y en este contexto en el rechazo unánime y activo contra el decreto del Arco Minero del Orinoco.

Red ARA / Junio 2016

Contactos Comité Coordinador Red Ara
Luis Jiménez 0416 3625377
Marjorie Sosa 04166241681

Enlace del comunicado: http://red-ara-venezuela.blogspot.com/2016/06/la-red-ara-rechaza-el-decreto-que.html

Red ARA Venezuela: La Red ARA rechaza el decreto que implementa el Arco Minero del Orinoco

red-ara-venezuela.blogspot.com

Sociedad Conservacionista

Audubon de Venezuela

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Tel: 0212-272.87.08

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CRIMINALIZACIÓN DE PUEBLOS INDIGENAS EN ECUADOR
14 de junio 2016.

El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) alerta sobre la arbitrariedad en la sentencia a prisión por cuatro años a dos miembros del Pueblo Saraguro, acusados de supuestas conductas agravantes de la infracción penal en el marco del Paro Nacional y del peligro dos sentencias arbitrarias más.

Durante de agosto y septiembre 2015, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador -CONAIE- convocó a una movilización masiva nacional solicitando el: el archivo de un proyecto de enmiendas constitucionales, la derogación de la Ley de Aguas, el archivo de un proyecto normativo sobre la propiedad de la tierra, el restablecimiento del sistema de "educación intercultural bilingüe", el libre ingreso a las universidades, poner fin a los proyectos de minería a gran escala y la derogación de normativa que afectaba al sector laboral.

En agosto, con la activación del Volcán Cotopaxi, se decretó estado de excepción a nivel nacional y esto permitió la militarización del territorio ancestral de Saraguro, que acabó con el clima pacifico con el que se había estado desarrollando la movilización. Las fuerzas policiales y militares dispersaron y alcanzaron a los participantes hasta sus viviendas, las cuales fueron allanadas a pesar del derecho a la inviolabilidad del domicilio.

El operativo dejó a más de 29 personas aprendidas y luego de un proceso lleno de irregularidades en el cumplimiento del debido proceso, tergiversación de pruebas, negación de derechos y desconocimiento de las garantías constitucionales o de los instrumentos jurídicos internacionales (como numeral 2 del artículo 10 en el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT): se ha condenado a Luisa Lozano y Servio Angamarca 4 años de prisión (uno más que establece el código por dicha pena). Adicionalmente, el miércoles 15 de junio podrían ser sentenciados hasta con tres años de prisión a Elvis Guamán y José Tubón.

El Secretariado Permanente de la REDLAD, plataforma de más de 520 organizaciones que defienden la democracia y los derechos humanos, Miembro Oficial del Foro de Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Capítulo Regional del World Movement for Democracy (WMD):

· Señala la persecución política a las comunidades indígenas, quienes ejercen su derecho a la resistencia y la violación al debido proceso.

· Hace un llamado al Estado ecuatoriano a garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, sobre todos los demandados durante el “Levantamiento Indígena y Paro Nacional”.

· Se solidariza con la Campaña Resistir es mi Derecho y rechaza toda criminalización a la movilización y protesta social en el Ecuador.

Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (RedLad).