junio 2016


Estimados amigos:

Audubon de Venezuela, miembro integrante de la Red ARA, se suma al rechazo del decreto de implementación del Arco Minero del Orinoco.

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La Red ARA rechaza el decreto que implementa el Arco Minero del Orinoco

La Red de Organizaciones Ambientales de Venezuela (Red ARA) se une a diferentes organizaciones y personalidades en el rechazo a la decisión del Ejecutivo Nacional de implementar el llamado Macroproyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO) el cual se plantea como una pretendida solución económica ante la caída de los precios del petróleo.

Esta decisión, más que colocarnos en la senda de un desarrollo sustentable, bajo los lineamientos del artículo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, profundiza el actual modelo rentista y extractivista; contradice los principios de seguridad de la Nación definidos en el artículo 326 de la misma Constitución; viola derechos humanos y ambientales, desconoce obligaciones establecidas en el texto constitucional; parece derogar de hecho normas legales vigentes de protección y control ambiental; así como pretende sea implementada desechando el conocimiento científico y las prácticas ambientales reconocidas internacionalmente y la necesidad urgente de disminuir el impacto de la acción humana sobre el ambiente.

Tanto la escala del proyecto, como su enfoque economicista resultan alarmantes: En particular en el mismo resaltan los siguientes aspectos:

  • Se está delimitando una zona a ser intervenida de cerca de 112 mil km2. Ésta representa casi 12% del territorio nacional, una superficie similar a países como Cuba o Guatemala. Asimismo se habla de la convocatoria a 150 empresas transnacionales, las cuáles, en la mayor parte de los casos, realizarían minería a cielo abierto. Jamás en la historia previa del país se había planteado esa escala de destrucción ambiental.
  • Se resalta la presencia en el AMO de recursos minerales altamente codiciados tales como: oro, diamante, coltán, hierro, bauxita y tierras raras. Pero a la vez, se oculta el hecho de que la región contiene riquezas mucho más valiosas para el país que estos minerales. Éstas incluyen una muy alta diversidad biológica, paisajes naturales únicos, la presencia del Complejo Hidroeléctrico del Bajo Caroní (productoras del 70% de la energía eléctrica nacional); así como diversas Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, incluyendo Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Refugios de Fauna Silvestre y Reservas Forestales.
  • Se resaltan las fabulosas ganancias que serían derivadas de la explotación de los minerales presentes. Pero no se hace mención de los enormes costos que tendrá para la Nación los daños socioambientales inherentes a este tipo de proyectos. Éstos pueden incluir la pérdida de especies y ecosistemas únicos; la contaminación del agua; la colmatación de los ríos; la destrucción de paisajes; el aumento del riesgo de catástrofes tecnológicas; la pérdida y contaminación de los suelos; la bioacumulación de contaminantes en la cadena trófica; la disminución de la calidad del aire; el aumento de enfermedades infecciosas; así como el deterioro derivado, tanto del desarrollo de servicios actualmente inexistentes en el área (vialidad, vivienda, salud, educación) como del posible crecimiento urbano no planificado en los alrededores de las zonas mineras, entre otros efectos.
  • Se intenta convencer al país sobre la supuesta base ecológica (Ecosocialista) que tendrían los proyectos mineros realizados en el AMO. Pero se oculta el hecho de que la experiencia global indica de manera innegable que no existe en ninguna parte del mundo ejemplos de una pretendida “minería ecológica” y mucho menos con las metodologías propuestas. Que por lo contrario la minería es y será una actividad ambientalmente destructiva y a largo plazo económicamente insustentable. Bajo esas premisas, los países responsables, buscan desarrollar proyectos mineros de bajo impacto, a escalas manejables, en territorios estrictamente delimitados por procesos profesionales de ordenación del territorio y bajo control riguroso, tanto gubernamental como social.
  • Aunque el decreto y sus proponentes hacen mención de que se respetarán los derechos de las comunidades indígenas presentes en el territorio afectado por el AMO, en contraste, diversas organizaciones indígenas han denunciado que estas comunidades no fueron consultadas. Por ello, este proyecto no cuenta con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas existentes en la zona, tal como lo exige la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. Ello es más preocupante, debido a que existen sólidas razones para afirmar que este proyecto vulnerará derechos humanos fundamentales, así como culturales, territoriales y de hábitat de los pueblos y comunidades tanto indígenas como criollas que habitan la región. Estas comunidades tienen el derecho a construirse un futuro más allá de convertirse en meros trabajadores asalariados de las empresas mineras y a la destrucción definitiva de sus territorios, sus hábitats y sus culturas.

Todo lo anterior, se magnifica debido a la extraordinaria opacidad y aparente improvisación con que se realizó este proyecto.

En tal sentido nos preocupa enormemente el desconocimiento del historial socio-ambiental de las empresas interesadas en obtener concesiones en el AMO. En los pocos casos donde se ha informado el nombre de alguna empresa, existen dudas sobre las responsabilidades que asumirán las mismas con la legislación y futuro del país.

Asimismo, es alarmante la incertidumbre sobre quiénes serán los garantes del cumplimiento de nuestra ya pisoteada legislación ambiental. Como fue denunciado previamente por la Red ARA, un precedente nefasto fue la eliminación del Ministerio del Ambiente en el año 2015 y la posterior creación de un Ministerio de Ecosocialismo y Aguas. El primero de ellos, creado en 1977, había acumulado una extenxperiencia en materia de metodologías y prácticas relacionadas con el control ambiental. Por su parte, el nuevo ministerio se crea sobre una base doctrinaria política y no técnica, a partir del cual no solo se desechó el legado de experiencias y conocimientos del Ministerio del Ambiente, sino que se ha producido un desmantelamiento sistemático del capital humano de esa institución a través de la persecución, hostigamiento y menoscabo de las condiciones de trabajo de los funcionarios que laboran en el mismo.

Más recientemente, en un nuevo y peligroso giro institucional, el Presidente de la República anunció la creación de un “Ministerio del Desarrollo Minero Ecológico”, que entre otras competencias tendría la de conceder las autorizaciones ambientales en el AMO. Resulta por lo menos asombroso pensar en un Ministerio dirigido a la promoción minera, controle de manera idónea y responsable el desempeño ambiental de las cientos de empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos mineros en toda el área incluida en el AMO. Esto último además, sin experiencia previa, ni estructura organizativa, funcional, ni operativa.

En función de lo anterior, la Red ARA considera que el AMO representa un peligro mayor para el ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos de la población, tanto en la región de Guayana como en todo el país, incluso con posibles repercusiones internacionales debido a la diseminación a gran escala de contaminantes. En tal sentido, consideramos que, si este proyecto es implementado, pudiera convertirse en el mayor ecocidio jamás perpetrado en el país y potencialmente en un etnocidio que destruiría los pueblos y culturas originarios presentes en la zona.

En contraste con el AMO, creemos que toda la cuenca del Orinoco contiene suficiente potencial biológico, socionatural y cultural que permitiría fácilmente plantear un “Arco de Desarrollo Sustentable del Orinoco”, donde la protección ambiental y de las comunidades indígenas se articule con diversas alternativas económicas sustentables, tales como la agroecología, el ecoturismo y el uso sustentable de los recursos biológicos locales, entre otras posibilidades. Ello sin dejar de lado los planes de vida de nuestros pueblos y comunidades originarias. Estas propuestas pueden resultar en un desarrollo productivo a largo plazo de las comunidades locales tanto indígenas como criollas.

Por estas razones, la Red ARA:

  • Exige al Ejecutivo Nacional derogar de manera inmediata el Decreto N° 2.248, publicado en Gaceta Oficial N° 40.855, de fecha 24 de febrero del 2016.
  • Exhorta a las autoridades nacionales y regionales a iniciar un diálogo efectivo, incluyente y democrático con todos los actores sociales en la Guayana venezolana, conducente a iniciar un programa de desarrollo regional basado en criterios de sustentabilidad, democracia, justicia social, participación protagónica y respeto por los derechos humanos.
  • Alerta a la comunidad internacional y en particular a las organizaciones ambientalistas en todo el mundo a activarse en el rechazo al proyecto del Arco Minero del Orinoco y en solicitar al Ejecutivo Nacional de Venezuela derogarlo de manera inmediata.
  • Propone a toda la ciudadanía y en particular a las organizaciones, movimientos ambientales, organizaciones de desarrollo social, de defensa de los Derechos Humanos, grupos de opinión, universidades, academias, y otras instituciones del país, a unir fuerzas en la defensa de los derechos ambientales de Venezuela y en este contexto en el rechazo unánime y activo contra el decreto del Arco Minero del Orinoco.

Red ARA / Junio 2016

Contactos Comité Coordinador Red Ara
Luis Jiménez 0416 3625377
Marjorie Sosa 04166241681

Enlace del comunicado: http://red-ara-venezuela.blogspot.com/2016/06/la-red-ara-rechaza-el-decreto-que.html

Red ARA Venezuela: La Red ARA rechaza el decreto que implementa el Arco Minero del Orinoco

red-ara-venezuela.blogspot.com

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Tel: 0212-272.87.08

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CRIMINALIZACIÓN DE PUEBLOS INDIGENAS EN ECUADOR
14 de junio 2016.

El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) alerta sobre la arbitrariedad en la sentencia a prisión por cuatro años a dos miembros del Pueblo Saraguro, acusados de supuestas conductas agravantes de la infracción penal en el marco del Paro Nacional y del peligro dos sentencias arbitrarias más.

Durante de agosto y septiembre 2015, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador -CONAIE- convocó a una movilización masiva nacional solicitando el: el archivo de un proyecto de enmiendas constitucionales, la derogación de la Ley de Aguas, el archivo de un proyecto normativo sobre la propiedad de la tierra, el restablecimiento del sistema de "educación intercultural bilingüe", el libre ingreso a las universidades, poner fin a los proyectos de minería a gran escala y la derogación de normativa que afectaba al sector laboral.

En agosto, con la activación del Volcán Cotopaxi, se decretó estado de excepción a nivel nacional y esto permitió la militarización del territorio ancestral de Saraguro, que acabó con el clima pacifico con el que se había estado desarrollando la movilización. Las fuerzas policiales y militares dispersaron y alcanzaron a los participantes hasta sus viviendas, las cuales fueron allanadas a pesar del derecho a la inviolabilidad del domicilio.

El operativo dejó a más de 29 personas aprendidas y luego de un proceso lleno de irregularidades en el cumplimiento del debido proceso, tergiversación de pruebas, negación de derechos y desconocimiento de las garantías constitucionales o de los instrumentos jurídicos internacionales (como numeral 2 del artículo 10 en el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT): se ha condenado a Luisa Lozano y Servio Angamarca 4 años de prisión (uno más que establece el código por dicha pena). Adicionalmente, el miércoles 15 de junio podrían ser sentenciados hasta con tres años de prisión a Elvis Guamán y José Tubón.

El Secretariado Permanente de la REDLAD, plataforma de más de 520 organizaciones que defienden la democracia y los derechos humanos, Miembro Oficial del Foro de Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Capítulo Regional del World Movement for Democracy (WMD):

· Señala la persecución política a las comunidades indígenas, quienes ejercen su derecho a la resistencia y la violación al debido proceso.

· Hace un llamado al Estado ecuatoriano a garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, sobre todos los demandados durante el “Levantamiento Indígena y Paro Nacional”.

· Se solidariza con la Campaña Resistir es mi Derecho y rechaza toda criminalización a la movilización y protesta social en el Ecuador.

Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (RedLad).

DESDE EL PUENTE

Oswaldo Álvarez Paz

VIOLENCIA TERRORISTA

Jamás pensé que Venezuela llegaría al punto en que estamos por obra de
quienes tienen la responsabilidad de dirigirla. Ya no se trata de
incompetencia máxima. Tampoco de corrupción, en el sentido de robarse
el dinero o de corromper ciudadanos para hacerlos cómplices de sus
acciones. Es algo mucho peor. Tiene en sus haberes la liquidación del
Derecho como instrumento regulador de la vida en sociedad, dejando
abierta la ruta hacia la violencia y el terrorismo.

La violencia terrorista no es una ideología. Tampoco una organización,
aunque de acuerdo a los últimos hechos pudiera parecerlo. Es una
herramienta criminal usada por los controladores del poder, incluso
por Estados respetables, por movimientos políticos de distinto signo
y, por supuesto, por organizaciones mafiosas como las del micro y
macro tráfico de drogas. El objetivo es sembrar miedo y terror
mediante la amenaza permanente que se deriva de la violencia. A veces
logran el objetivo de retener el poder, aunque nunca se sabe por
cuánto tiempo más.

Para la “revolución” primero van los hechos y después el Derecho. No
pueden ser prisioneros de una camisa de fuerza que los limita, es
decir de un ordenamiento jurídico estable y de aceptación general.
Pero todo tiene un final. Llega un momento en el cual la rabia, la
indignación, las necesidades crecientes de la población generan una
disposición a la lucha más allá de lo normal. Se trata de un
sentimiento existencial que deja atrás el miedo y el temor.

Debemos responder con fuerza y determinación. El objetivo continúa
siendo el cambio de régimen, empezando con la salida del jefe del
poder ejecutivo en el menor tiempo posible. La mejor forma de defender
la democracia es ejerciendo nuestros derechos. Frente al temor y al
miedo que pretenden sembrar, se impone una fe tranquila pero decidida
en la causa de la libertad. Por supuesto, con la fe no basta. Debe
acompañarse de la acción decidida y corajuda para vencer.

Se trata de una verdadera guerra, aunque de naturaleza diferente a las
tradicionales. No podemos agotarnos en las palabras. Quieren
destruirnos porque no soportan nuestra existencia como ciudadanos
libres. Cualquier signo de debilidad de nuestra parte, impulsa a los
violentos a más violencia. El camino hacia la victoria es mediante
acciones rápidas y unitarias.

Unidad sincera y honesta. No puede confundirse nunca con complicidad.
En su nombre no pueden tolerarse errores graves. Tampoco conductas
reprochables. Alertas frente a las maniobras divisionistas del
oficialismo.

Lunes, 13 de junio de 2016

oalvarezpaz@gmail.com

@osalpaz

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DESDE EL PUENTE

Oswaldo Álvarez Paz

CLARIDAD Y RECTITUD

Escribimos estas líneas con algunas incertidumbres demasiado serias. Espero estén debidamente aclaradas para el momento de la publicación, en el transcurso de la semana. El “diálogo”, “encuentro” o “conversación” sostenido por calificados voceros de la MUD en Punta Cana, República Dominicana, con repudiados representantes del madurismo gobernante, abre demasiadas interrogantes.

La primera de ellas se refiere a los promotores. Todos ellos al servicio del régimen venezolano bajo la coordinación eficiente de Ernesto Samper, cuestionado expresidente de Colombia y actual secretario ejecutivo de UNASUR. Sobra recordar que esta organización pretende convertirse en la nueva OEA de esta parte del continente.

La segunda tiene que ver a la enorme cantidad de visitas de exjefes de estado y de gobierno, de personalidades políticas, sociales y religiosas del mundo entero y los llamados al diálogo sereno y concreto formulado hasta por el Papa Francisco y las autoridades eclesiásticas del país. Todas fracasaron o fueron ignoradas olímpicamente por las partes. Saludos a la bandera y punto. Esto llegó al extremo de prohibir la visita del canciller del Vaticano recientemente y a mantener en secreto la carta del Papa a Maduro.

La tercera es la agenda de la reunión dominicana. No quiero hacer especulaciones, pero debemos recordar a quienes se suponen son nuestros representantes, que la libertad de los presos políticos y todo lo relativo a los exilados, perseguidos y de alguna manera acosados por el régimen, fue el tema fundamental de la campaña que culminó con la victoria del pasado 6D. Se dijo hasta el cansancio que no se podía dialogar, ni negociar, con presos políticos.

La cuarta fue el compromiso de señalar caminos para el cambio de régimen, empezando con la salida de Maduro. La Asamblea Nacional impulsa varias alternativas. La MUD ha puesto su acento en el referéndum revocatorio. El régimen y tanto el TSJ como el CNE hacen todo lo que está a su alcance para impedirlo. Notamos cierta falta de contundencia para avanzar con éxito. También está pendiente lo de la doble nacionalidad y asuntos vinculados al tema.

Pido a Dios estar equivocado. Ojalá y no estemos a las puertas de una penosa capitulación que entorpezca lo logrado hasta ahora. Necesitamos una explicación integral que serene unos ánimos que se están caldeando en la oposición. La nación sigue al margen, sufriendo y esperando. ¿De qué se trata realmente? No olvidemos que no hay secretos eternos. Más tarde o más temprano todo se sabe.

Lunes, 30 de mayo de 2016

oalvarezpaz

@osalpaz

Remito artículo de esta semana.

Saludos,

OAP