Frente a la Crisis de Venezuela
          DE LA TIRANIA A LA LIBERTAD
 
En Venezuela se ha establecido un Régimen autoritario y militarista, autodenominado Revolución Bolivariana que ha acelerado su paso hacia la construcción de un Estado Totalitario. Los escasos espacios democráticos que aún subsisten, gracias a la enraizada cultura democrática que caracteriza a nuestro pueblo, amenazan con ser extirpados por las fuerzas coercitivas y represivas del estado. La democracia, cuyos sustentos son: libertades ciudadanas, derechos humanos, separación de poderes y alternancia republicana corre el gravísimo peligro de desaparecer ante la arremetida permanente de las fuerzas oscuras de la reacción autoritaria    
Este régimen autoritario y militarista es ejercido directamente por una cúpula militar y un partido político del Estado. Se ha impuesto el secuestro de los poderes públicos, el uso sin ningún control de los recursos del tesoro nacional, la politización represiva de la justicia, el manejo totalitario de los numerosos medios de comunicación oficial, y la autocensura en las pocas estaciones de radio y televisión privados que aún subsisten.
      La realización de este proyecto tiene un apoyo fundamental en la alianza establecida con el régimen comunista cubano. Esta asociación con la tiranía castrista violenta la soberanía nacional de nuestro país y consagra un coloniaje ideológico-político sobre los actuales gobernantes venezolanos.
      La identificación con la dictadura de los hermanos Castro fue  proclamada en reiteradas ocasiones por el fallecido presidente Hugo Chávez y, ahora, por quienes le han sucedido en la dirección del proceso que encabeza Nicolás Maduro.
    El gobierno de Cuba controla áreas vitales como el  sistema de identificación, cedulación y extranjería, registros y notarías, puertos y aeropuertos, importación de alimentos y de bienes y servicios, sistema de salud,  y  el diseño del plan educativo.
      La injerencia militar cubana intenta imponer la subordinación a nuestra Fuerza Armada lo cual en un hecho sin precedente en la historia de América Latina; esto es solamente comparable con lo ocurrido con los ejércitos de los países que giraron en la orbita de la extinta Unión Soviética.
     El lema “Patria Socialismo o Muerte”, luego sustituido a raíz de la enfermedad de Chávez, por “Patria Socialista, Viviremos y  Venceremos”, es grito obligado en los cuarteles y en los actos militares. Se intenta, de esa forma, demostrar el compromiso  castrense con la ideología oficial y con el partido que detenta el poder. A los componentes de la FANB se les pretende convertir en fuerza de intimidación y represión que actúe al lado de milicias  y colectivos violentos, con el fin de reprimir las crecientes expresiones de rechazo a las políticas gubernamentales.
          Las últimas elecciones presidenciales del 14 de abril fueron llevadas adelante en condiciones ventajistas y con métodos fraudulentos e ilegales a favor del candidato del PSUV. Se utilizaron –sin el menor disimulo- los bienes y recursos del Estado. Los ministros y funcionarios públicos actuaron en el rol de dirigentes de  campaña, a pesar de que la Constitución y la Ley se los prohíbe expresamente.
       Las continuas y largas transmisiones radiotelevisivas oficiales -de carácter obligatorio- publicitaron al régimen y a su candidato, denostaron de la oposición, e incitaron al odio y a la separación entre los venezolanos por su condición política, racial o procedencia social.  Mientras tanto se negó, en todo momento, el acceso de la oposición y de su abanderado a esos medios, impidiéndoles promover a través de ellos sus ofertas de campaña, así como  defenderse de las continuas agresiones vertidas en la programación de esas emisoras.
       El Registro Electoral, contaminado con numerosos vicios, ha sido manipulado  por el oficialismo. Sólo el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Consejo Nacional Electoral tienen la información completa de su contenido. Cerca de doscientas mil personas fallecidas aún permanecen incluidas en el padrón de votantes. Fueron excluidos de manera violenta en numerosos centros de votación testigos del candidato Capriles. Y se comprobó la práctica ilegal del voto asistido en violación de la libertad y secreto del sufragio.
         Las numerosas irregularidades cometidas el día de la votación, fueron detectadas y denunciadas en el transcurso de esa jornada  por el comando de campaña de Capriles. Los generales del Plan República y las autoridades del CNE, permanecieron en una postura de apatía cómplice frente a estos hechos. El jefe militar del Plan República, el general Wilmer Barrientos, se permitió amonestar en amenazantes declaraciones a los medios que denunciaban los abusos de los activistas del PSUV. Muchos de estos activistas circularon armados, ese día, en motos y automóviles en actitud violenta sin que los efectivos militares o policiales impidieran esta intimidación hacia la población civil que pretendía ejercer en paz su derecho al sufragio.
        A ello debemos agregar la descarada parcialización del Poder  Electoral, cuando su presidenta portó en acto público el brazalete tricolor conmemorativo del alzamiento militar del 4 de febrero del 1.992, fecha en la cual Chávez irrumpió en forma cruenta contra el gobierno constitucional, legítimamente constituido.
       El Comando  de campaña  de  Enrique Capriles ante el cúmulo de irregularidades que vicia el proceso, decidió impugnarlo ante el Tribunal Supremo de Justicia aun a sabiendas de la parcialidad partidista de sus magistrados. Esta decisión se corresponde a la voluntad cívica y democrática sustentada en las leyes y en el respeto a la Constitución venezolana.                      
        Venezuela y el mundo presenciaron con estupor el criminal atentado contra la institución parlamentaria cuando el teniente Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional,  organizó y dirigió la emboscada tendida a los diputados de la opción democrática el pasado 30 de abril, en horas de la tarde. En la sesión convocada para ese día, fueron cerradas las puertas del hemiciclo, apagadas las cámaras de televisión internas y retirados los guardias de seguridad. En medio de estas circunstancias los diputados de la opción democrática fueron agredirlos salvajemente, con un saldo lamentable de 11 heridos, entre ellos dos parlamentarias; mientras  que desde el presídium  del hemiciclo, su presidente sonreía sin intervenir. Todo ello ocurrió luego que el presidente de la Asamblea había prohibido, en la sesión anterior, a los diputados de la fracción democrática el derecho de palabra y anunciado la retención de sus dietas por no reconocer la legitimidad de Nicolás Maduro. Esta es una decisión absurda, contraria al ordenamiento legal y al Reglamento Interior y de Debates así como a los usos y costumbres de todos los parlamentos democráticos del mundo.
        Llama la atención que algunos presidentes de países con tradición democrática de nuestro continente, cuyos parlamentos son protegidos con especial reverencia por ser depositarios de la soberanía nacional –donde tienen plena vigencia los principios de la separación de los poderes públicos, la independencia del Poder Judicial, el derecho a la libre expresión de las ideas, el estatuto de garantía de los derechos humanos y el sometimiento del estamento militar a la administración civil de la sociedad-, hayan adoptado una actitud de complicidad o guardado significativo silencio. Este es un hecho inaceptable para Venezuela, la comunidad democrática internacional y la sensibilidad de los hombres libres.
      A este respecto es conveniente recordar que, en países como Brasil y Uruguay, sus actuales presidentes fueron víctimas de feroces regímenes militares que cerraron parlamentos, medios de comunicación y llenaron de muerte, llanto, dolor y desesperación a sus patrias. Y ellos mismos fueron perseguidos, detenidos y torturados sin derecho a refugiarse en las leyes, porque la justicia estaba confiscada al servicio de las dictaduras.
La Venezuela democrática aspira, en este tiempo difícil de nuestra vida republicana, en que se pretende avanzar hacia la consolidación de un gobierno dictatorial sustentado en el poder militar y en la ideología totalitaria del partido único, recibir la solidaridad de estos mandatarios pero, además, la de todos los gobernantes democráticos del mundo. Esperamos, asimismo, la actuación enérgica de la ONU, Unión Interparlamentaria Mundial, Unión Europea, OEA, UNASUR, MERCOSUR y las diferentes organizaciones parlamentarias de nuestro continente, en la aplicación de las clausulas democráticas que prevén esos organismos para el funcionamiento del Estado de Derecho en los países miembros, así como la aplicación de los correctivos necesarios establecidos en esas mismas clausulas.    
Conjuntamente con los propósitos e ideales, que en este Documento acabamos de anunciar, proclamamos al mismo tiempo nuestra defensa de la dignidad de la persona humana, los valores democráticos y la participación popular en el poder. En esta tarea compartimos ideales y responsabilidades con todas las mujeres y hombres libres de esta tierra Venezuela; con las mujeres, los estudiantes, los trabajadores, los pequeños propietarios, los empresarios, la clase media que siguen trabajando día a día por la solución de esta honda crisis política, la más difícil y oscura de la historia de la República, y que renuevan cada día con su combate su decisión de construir una Venezuela nueva, libre, prospera, equitativa y feliz
 
Caracas, 08.05.2013
Suscriben:
Oswaldo Alvarez Paz     Julio Cesar Moreno León
Candidato presidencial          Embajador
      1.993                                                   1993-1998                      
 
Juan José Monsant A.           Luis Barragán
      Embajador                         Diputado
        1991-2001              

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