Miércoles, 17 de abril de 2013

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Editorial

No hay que temerle a contar los votos. ¿o sí?

Lo que están logrando el CNE y el Gobierno es que más electores empiecen a preguntarse si se trata sólo de un capricho autoritario, o si de verdad hay algo inconfesable en la documentación electoral que Gobierno y poder electoral se niegan a revisar

En sana democracia, el asunto seria simple. Un candidato presidencial, que aunque llega según la cuenta del poder electoral de segundo, logra una suma de votos tan cercana a la del candidato que aparece de primero que en el lenguaje de los encuestadores se hablaría de “empate técnico”, recurre a ese mismo poder electoral mostrando indicios -para llamarlos así- de fallas y posibles trampas, y pidiendo que, en vista de sus dudas y de lo cercano de ambos resultados, se vuelvan a contar los votos en detalle.

Contar los votos es deber del Consejo Nacional Electoral, y que sean esmeradamente contados es derecho de todo candidato electoral, además de derecho constitucional de cada elector del país.

¿Cuál es el problema, entonces? La respuesta a la solicitud de Henrique Capriles Radonski ha sido todo un escándalo de rechazos, negativas, amenazas por parte del Gobierno, y la negación de entrada por parte del Consejo Nacional Electoral. Mucho más sencillo hubiera sido hacer lo que el CNE tenía que hacer. Al menos, escuchar el planteamiento de Capriles, recibir la relación de denuncias y presuntas pruebas de violaciones y fallas.

El CNE decidió que ellos no se han equivocado, que lo hicieron todo perfecto, que nada falló y que Capriles se ha inventado sus reclamos. Errar es humano para todos, menos para el Consejo Nacional Electoral. El Gobierno además afirma que Capriles no ha aportado ni una sola prueba de su reclamo, cosa difícil de hacer si el CNE aún no lo ha recibido. Pero el candidato opositor y otros dirigentes han hecho denuncias públicas concretas que lo menos que merecerían sería una actuación notitia criminis por parte de las autoridades.

Aún aceptando que Capriles podría estar siendo excesivamente suspicaz, tiene el derecho legal a exigir revisiones de los votos y su documentación. Lo que entonces llama la atención es la negativa sin aviso y sin protesta del CNE y el enorme escándalo -amenazas e insultos incluidos- que el Gobierno, empezando por el propio Maduro, que en vez de dar ejemplo de sobriedad y de defensa de los derechos de todos los venezolanos, se lanza a proferir amenazas e insultos, han desatado.

Además del ambiente generalizado de desorden y protesta que se ha manifestado en todo el país en apenas 48 horas, lo que sí están logrando con insólita eficiencia el Consejo Nacional Electoral y el Gobierno de Nicolás Maduro es que crezca la desconfianza popular y más electores empiecen a preguntarse si se trata sólo de un capricho autoritario, o si de verdad hay algo inconfesable en la documentación electoral que Gobierno y poder electoral quieren ocultar. Una duda creciente que ambos poderes deben aclarar.

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