Editorial

Hay que defender nuestros límites

El país requiere que las personas encargadas de dirigir nuestras relaciones internacionales preparen a equipos de profesionales que conozcan el nuevo derecho del mar y además se apoyen en expertos internacionales que puedan garantizar la mejor defensa de los intereses nacionales

El derecho del mar es uno de los aspectos más importantes del derecho internacional vigente. Su proceso de codificación ha sido objeto de tres grandes conferencias internacionales, una de las cuales se celebró en los años setenta en Caracas.

Muchas de las normas contenidas en la Convención de Montego Bay pueden ser consideradas hoy en día como parte del derecho consuetudinario, un ejemplo claro es el consenso que existe sobre el límite máximo del mar territorial que no puede exceder las doce millas náuticas. También entran en esta categoría la zona económica exclusiva y la plataforma continental que le brinda a los estados costeros la posibilidad de extender su jurisdicción soberana sobre los recursos allí existentes hasta una distancia de 200 millas de la costa con la posibilidad de una extensión mayor cuando geomorfológicamente se demuestre que existe una prolongación natural de dicha plataforma.

Ahora se preguntarán ustedes ¿a qué vienen estas refl exiones en este momento?,  pues bien, Venezuela es un país con vastas extensiones de costas tanto sobre el Caribe como sobre el Atlántico, además de poseer un significativo territorio insular. Para poder garantizar plenamente los derechos que a nuestro país le corresponde con base en el derecho internacional vigente se requiere que el Ministerio de Relaciones Exteriores se ocupe de manera diligente del asunto y disponga del personal debidamente calificado en una materia por demás compleja. En la actualidad existen en el mundo más de 400 conflictos para la delimitación de áreas marinas y submarinas y nuestro país tiene pendiente delimitaciones con Colombia, varias islas del Caribe y con Guyana.

Venezuela no es parte de la Tercera Convención sobre el Derecho del Mar de las Naciones Unidas por no estar de acuerdo, entre otros puntos, con la disposición relativa al régimen jurídico de las islas.  En tal sentido,  el país requiere que las personas encargadas de dirigir nuestras relaciones internacionales preparen a equipos de profesionales que conozcan el nuevo derecho del mar y además se apoyen en expertos internacionales que puedan garantizar la mejor defensa de los intereses nacionales en un vasto espacio de la jurisdicción nacional sobre importantes recursos naturales y minerales esenciales para el desarrollo futuro de nuestro país.

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